Por Isidoro Gracia Plaza
Exdiputado
Como diputado de las primeras
legislaturas yo voté, favorablemente, la totalidad de los primeros textos de
los Estatutos de Autonomía de todas y cada una de las CCAA. Voté con las ideas
claras donde estaban los límites de lo que aprobaba, y la opinión de los
ciudadanos que se pronunciaron sobre aquellos textos, cuando se expresó
opinión, coincidió con la mía de forma muy mayoritaria. El límite, en resumen,
era el de mantener un proyecto común y absolutamente solidario, acercando los
servicios públicos y el poder político a los ciudadanos.
Visto en la distancia que dan los lustros, el proyecto
España, basado en la suma de los proyectos Cataluña, Euskadi y Galicia,
pero también del resto de proyectos (Andalucía, Extremadura, Valencia, etc.)
han sido proyectos de éxito, sobre todo si miramos las mejoras que han
disfrutado sus ciudadanos, en la práctica totalidad de las áreas que le
relacionan con las administración. Eso ha sido así al menos hasta que entrado
el siglo XXI se modificaron textos y actitudes políticas, de forma bastante
desordenada y sin una idea vertebradora evidente.
Con la disculpa del amejoramiento de los
distintos Estatutos se superaron límites que, durante más de 25 años, habían
permitido avanzar a todos, manteniendo el equilibrio que permite una
buena convivencia común. Hoy, con la disculpa de superar la crisis, se producen
casi todos los días propuestas de reforma, eso sí en direcciones opuestas según
la posición política de cada proponente.
Pues bien, dejando meridianamente claro
que no hay fracaso del Estado Autonómico, sino excesos y errores parciales,
producidos sobre todo en los últimos tiempos, quizá sea el momento de abrir
reflexión sobre como corregir lo menos, manteniendo lo más. Sin perder la
perspectiva que, si se abre reflexión, los ejes sobre los que reflexionar son
múltiples, desde el centro hacia la periferia, como reclaman los partidos
nacionalistas y regionalistas, pero también en sentido inverso cuando los
ciudadanos se sientan peor servidos. Desde la supresión de entes que se
muestran poco útiles como las Diputaciones, a la creación de nuevos, como
posibles supermunicipios. Desde permitir la entrada de gestión privada en
campos públicos de competencia local, autonómica o central, hasta restringir al
estricto control público, incluida la obligada presencia directa, de la
Administración en sectores estratégicos como la energía, el agua o el
transporte, al margen del color de quien gobierne, en cada uno de los niveles.
Por cierto hablando de soberanías
compartidas, yo como gallego reclamo mi parte de soberanía sobre el aeropuerto
del Prat, el puerto de Bilbao y el control de tráfico del Estrecho, todos temas
de máximo interés para las actividades de mis vecinos.
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