Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) (España)
De 17 de mayo de 1958
YO, FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, CAUDILLO DE ESPAÑA,
Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la
Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios del
Movimiento Nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales
que dieron vida a la Cruzada, los siguientes:
I
España es una unidad de destino en lo universal. El servicio
a la unidad, grandeza y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea
colectiva de todos los españoles.
II
La Nación española considera como timbre de honor el
acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia
nacional, que inspirará su legislación.
III
España, raíz de una gran familia de pueblos, con los que se
siente indisolublemente hermanada, aspira a la instauración de la justicia y de
la paz entre las naciones.
IV
La unidad entre los hombres y las tierras de España es
intangible. La integridad de la Patria y su independencia son exigencias
supremas de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía de su
seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán
poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la Patria.
V
La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador
de valores eternos, y en la familia; como base de la vida social; pero los
intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien
común de la Nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y
futuras. La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles.
VI
Las entidades naturales de la vida social: familia,
municipio y sindicato, son estructuras básicas de la comunidad nacional. Las
instituciones y corporaciones de otro carácter que satisfagan exigencias
sociales de interés general deberán ser amparadas para que puedan participar
eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional.
VII
El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado
por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado
Nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del
Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes
fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa.
VIII
El carácter representativo del orden político es principio
básico de nuestras instituciones públicas. La participación del pueblo en las
tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a
cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con
representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización
política de cualquier índole, al margen de este sistema representativo, será considerada
ilegal.
Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y funciones
públicas según su mérito y capacidad.
IX
Todos los españoles tienen derecho: a una justicia
independiente, que será gratuita para aquellos que carezcan de medios
económicos; a una educación general y profesional, que nunca podrá dejar de
recibirse por falta de medios materiales; a los beneficios de la asistencia y
seguridad sociales, y a una equitativa distribución de la renta nacional y de
las cargas fiscales. El ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el
Fuero del Trabajo, inspirará la política y las leyes.
X
Se reconoce al trabajo como origen de jerarquía, deber y
honor de los españoles, y a la propiedad privada, en todas sus formas, como
derecho condicionado a su función social. La iniciativa privada, fundamento de
la actividad económica, deberá ser estimulada, encauzada y, en su caso, suplida
por la acción del Estado.
XI
La Empresa, asociación de hombres y medios ordenados a la
producción, constituye una comunidad de intereses y una unidad de propósitos.
Las relaciones entre los elementos de aquélla deben basarse en la justicia y en
la recíproca lealtad, y los valores económicos estarán subordinados a los de
orden humano y social.
XII
El Estado procurará por todos los medios a su alcance
perfeccionar la salud física y moral de los españoles y asegurarles las más
dignas condiciones de trabajo; impulsar el progreso económico de la Nación con
la mejora de la agricultura, la multiplicación de las obras de regadío y la
reforma social del campo; orientar el más justo empleo y distribución del
crédito público; salvaguardar y fomentar la prospección y explotación de las
riquezas mineras; intensificar el proceso de industrialización; patrocinar la
investigación científica y favorecer las actividades marítimas, respondiendo a
la extensión de nuestra población marinera y a nuestra ejecutoria naval.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo primero.
Los principios contenidos en la presente Promulgación, síntesis
de los que inspiran las Leyes fundamentales refrendadas por la Nación en seis
de julio de mil novecientos cuarenta y siete, son, por su propia naturaleza,
permanentes e inalterables.
Artículo segundo.
Todos los órganos y autoridades vendrán obligados juramento
a su más estricta observancia. El juramento que se exige para ser investido de
cargos públicos habrá de referirse al texto de estos Principios fundamentales.
Artículo tercero.
Serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que
vulneren o menoscaben los Principios proclamados en la presente Ley fundamental
del Reino.
COMENTARIO:
Leyendo detenidamente las Leyes Fundamentales franquistas y
sobre todo los Principios de Movimiento Nacional, resulta cada día que pasa más
espermática, antidemocrática y por qué no decirlo, criminal, lo que el poder
despótico ha sido capaz de hacer con el pueblo español.
Un dictador genocida instaura una monarquía y al morir, la
propia dictadura corona a un rey de forma ilegítima, y lejos de condenar el
genocidio, jura fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional, de
naturaleza fascista.
Con la basura del viejo régimen se hace una constitución
tutelada por los mismos, que mantuvieron el poder y que dieron un golpe de
estado contra la República, impusieron la dictadura y dejaron impune el
genocidio.
¿Cómo no cuestionar la legitimidad de la monarquía basada en
la legalidad de un déspota que, a su vez basaba su legitimidad en haber salido
invicto de la guerra fratricida que él mismo provocó?
El Rey con su Triunvirato integrado por PP, PSOE y C’s, el
Gobierno y los tres Poderes del Estado, con la Fiscalía a la cabeza, ¿están a
punto de caer como un castillo de naipes?
La corrupción sistémica, la amenaza secesionista, la
justicia politizada y la política judicializada, están colocando a España al
margen de los valores de la Unión Europea. Y lo que es más grave, se confirma
que el franquismo abiertamente ha ocupado el espectro de la extrema derecha
española. Abandonando el camino hacia el centro sin haber llegado a él...
Pedro Taracena Gil
