Por Isidoro Gracia
Exdiputado
Foto: Pedro Taracena
Los dos argumentos contra la propuesta de
reforma son: no se concreta qué y cómo reformar (derecha) y es
insuficiente (nacionalistas). Ambos argumentos son cuando menos inexactos. Al
debate sobre la articulación territorial, derivado del
enquistamiento del problema suscitado por los dirigentes catalanes, se suma el
derivado de las consecuencias de las medidas anti crisis, de cómo se garantiza
en el texto de la Constitución un cierto grado de bienestar.
Respecto al primero de los aspectos, el
encaje de Cataluña, la frágil memoria de los opositores a la
reforma, obvia que en junio de 2006 culminó la fase política de un nuevo
texto del Estatuto de Autonomía, texto apoyado por el 72 % de los
diputados autonómicos, y refrendado en referéndum por el 74% de los
votos de los ciudadanos, apoyaron el no el PPC y ERC que
consiguieron el 21%. Luego un texto de referencia ya existe. Por otra parte,
respecto a la suficiencia o insuficiencia, hay que recordar que incluso ERC
voto a favor de otro texto concreto, que es de suponer que les debió de parecer
aceptable.
Cierto es que la situación actual es fruto
no de un proceso puramente político, sino de un proceso político trufado con
otro judicial, aún cuando el tribunal que intervino fuera el
Constitucional, pero la existencia de un posible punto de encuentro queda
demostrado, muy identificado, y solo dependiente de la mera voluntad
política.
Si eso no fuera suficiente, experiencias
muy cercanas, como la modificación, en 2006, de la Ley Fundamental
de la República Federal Alemana, con un claro reparto de competencias entre la
Federación y los Länder podría ser buen referente. Por cierto,
para los temerosos de las modificaciones constitucionales, los alemanes llevan
52 y parece que no les va muy mal, eso sí, lo del “derecho
a decidir” solo se contempla para el conjunto de los ciudadanos.
Respecto a las garantías para blindar
determinadas obligaciones del Estado respecto a sus ciudadanos. Mediante una “reforma
exprés” y procedimiento abreviado se permitieron en dos ocasiones
modificaciones exigidas por la pertenencia a la UE. La primera de 1992
razonable y lógica, la segunda de 2011, según mi opinión llegó más lejos de lo
necesario, tanto en su urgentísima tramitación, como en la
renuncia al uso del déficit como instrumento económico, que fijó el actual
gobierno. Con esos antecedentes fijar constitucionalmente un nivel mínimo de gasto del
PIB garantizado y destinado a derechos básicos (por ejemplo educación y sanidad) no
parece ni demasiado revolucionario, ni menos importante que el pago de la
deuda, que la reforma de 2011 califica de absolutamente prioritario.
No se me olvida el otro tema, mucho menos
importante, el de la monarquía constitucional, con un Jefe del Estado
sin funciones ejecutivas, o un Presidente de la República con un
amplio poder, legitimado por el voto ciudadano y en consecuencia de muy difícil control, y
que puede llegar desde la extrema derecha o desde cualquier otro
extremo.
En este caso, también se han dado pasos,
por ejemplo: la abdicación deja libre de deuda a una generación, a la que el 23
F nos pasó factura. Los partidos que quieran introducir el debate tendrán que valorar el
esfuerzo a dedicar a algo que el propio devenir de la historia está amortizando, con
pocos traumas, y si supeditan un posible acuerdo en otros temas
importantes, como el equilibrio y la solidaridad interterritorial e
intergeneracional, y el resultado de un texto consensuado, a tener
un rey solo representativo o presidente con poder real y con difícil control
moderador de ese poder.
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