"UNA SUSTITUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN POR EL ENTRAMADO CRIMINAL"

 

Falta CASADO EL BREVE

Se producía así, según describe textualmente la sentencia, «una sustitución de la administración por el entramado criminal».

Ni una semana ha tardado la Justicia en recordar a Alberto Núñez Feijoo el fantasma de la corrupción que persigue al PP. Por tercera vez en los últimos cuatro años, la Audiencia Nacional ha condenado a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo de las actividades ilícitas de la trama Gürtel; en este caso en particular, en las relativas al municipio madrileño de Boadilla del Monte. El partido deberá pagar 204.198,64 euros tras acreditarse que, junto al grupo de Francisco Correa, actuó en una «dinámica de beneficio mutuo» por la que obtuvo una financiación irregular proveniente de «conductas delictivas».

En una sentencia de 303 páginas, los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal coinciden de forma unánime en señalar el enriquecimiento del PP a costa de la trama corrupta, aunque sin achacarle responsabilidad penal por ello. Existe «un acervo probatorio sólido», sostiene el fallo, de que los miembros de la red destinaban parte de las comisiones obtenidas en adjudicaciones públicas amañadas «al pago de compras, actos y eventos en favor del partido».

Esos más de 200.000 euros que ahora tendrá que abonar el PP son precisamente los que las sociedades de Francisco Correa habrían destinado a actos de precampaña y campaña en las elecciones municipales del 2003 y el 2007. Un beneficio «evidente» para el partido que permitía a los responsables del Ayuntamiento de Boadilla del Monte «perpetuarse en sus funciones» y «someter» las contrataciones públicas a los intereses de la red corrupta. Se producía así, según describe textualmente la sentencia, «una sustitución de la administración por el entramado criminal».

Esta nueva condena es ya la tercera que implica al partido opositor a lo largo de la macroinvestigación de la Gürtel. La primera, relativa a la época inicial de la trama, le adjudicó una responsabilidad a título lucrativo y fue la que en mayo del 2018 precipitó la moción de censura que acabaría por sacar a Rajoy de la Moncloa. El Tribunal Supremo la confirmó en su mayor parte dos años después.

La segunda llegó el pasado mes de octubre, cuando se le condenó como responsable civil subsidiario del extesorero Luis Bárcenas por pagar las obras de la sede de Génova a través de la caja B.

El varapalo judicial, por si fuera poco, llega en pleno aterrizaje de Feijoo como nuevo líder de la organización. A diferencia de Pablo Casado, su sucesor sí parece estar dispuesto a hacer declaraciones sobre casos de corrupción sucedidos antes de llegar al cargo. La sentencia sirvió este viernes al resto de partidos para redoblar sus críticas al PP.

Una nueva condena o, en palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, «un clásico como ‘Ben-Hur' en Semana Santa». La secretaria general de Podemos y también ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, metió este caso en una misma coctelera junto a las investigaciones de contratos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para concluir que «solo hay un viejo PP».

Condenas a 23 acusados

Los magistrados de la Audiencia Nacional condenan a un total de 23 acusados por delitos como cohecho, malversación, fraude a la Administración, falsedad en documento público y blanqueo de capitales. La mayor pena es para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, El Albondiguilla, con 36 años y 11 meses de prisión por la comisión de 18 delitos. El fallo también contempla condenas para el cabecilla, Francisco Correa, y su más estrecho colaborador, Pablo Crespo, con 13 años y medio de cárcel para cada uno. Igualmente establece penas de entre uno y seis años de prisión para exdirigentes del PP como César Tomás Martín Morales y el exdiputado madrileño Alfonso Bosch, así como a los empresarios José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra y Jacobo Gordon.