Por Isidoro Gracia
Exdiputado
España es un Estado, que en su energía depende casi en un 80% del exterior, está obligado a exprimir hasta la última posibilidad sus posibles recursos, pero también es obligado el uso de una lógica que no repugne al llamado sentido común.
La práctica totalidad de los medios de
comunicación debaten sobre posibles exploraciones en busca de hidrocarburos en
aguas relativamente próximas a Baleares y Canarias. Como España solo tiene soberanía en aguas del
Atlántico y del Mediterráneo, es solo en estas aguas donde se
pueden buscar recursos propios. Así pues el objetivo inicial parece
muy lógico. Lo que empieza a ser discutible es quién realiza la prospección, qué medios
utiliza para ello y qué garantías se ofrecen sobre las repercusiones en
el bien público común, que es medio ambiente, de esas actividades. Y aquí está la clave del
asunto, se conceden autorizaciones, especialmente en el Mediterráneo, a
empresas multinacionales, muchas de ellas con todos sus intereses absolutamente
ajenos a España, incluso a Europa, se permiten usar directamente los procedimientos
más baratos, como los sísmicos, existiendo alternativas con
menores riesgos para el medioambiente, aún cuando sean algo menos eficaces,
y por último, ningún representante de la Administración, en especial el
ministro, ha mencionado siquiera que exista alguna garantía, mínimamente
cuantificable, si surge algún daño.
Este gobierno dice tener como prioridad
la potenciación de las renovables, objetivo lógico de toda lógica ya que es un
recurso propio, seguro e inagotable. Lo que es más que discutible
son las decisiones que acompañan la declaración. Primero,
cambiar en pleno lanzamiento de las inversiones las reglas del juego, como han hecho
y de forma radical, crea lo que, en términos internacionales, se califica de
inseguridad jurídica y garantiza contenciosos que el gobierno español tiene difícil ganar,
haciendo recaer en el conjunto de los ciudadanos las casi seguras
indemnizaciones que habrá que dar a los inversores extranjeros. Y segundo,
hacer cambio sobre cambio sin una previa elaboración de un Plan
Energético Nacional, al menos con el medio plazo mínimamente
previsto, condena a la incoherencia el resultado del parque de producción eléctrico, por
ejemplo se ha terminado por sobre ponderar la cara energía fotovoltaica
(error compartido por el gobierno anterior), frente a la competitiva, e incluso
barata, eólica, a la que se limita la funcionalidad por el
escaso bombeo hidráulico autorizado.
Del lío montado con el loable y solo teórico objetivo del
abaratamiento de las tarifas eléctricas, es casi imposible encontrar explicación racional, salvo
que se empeñan en mantener que el mercado puede resolver algo en lo que la
historia y la experiencia demuestran que no existe mercado libre, ni por
aproximación, el ministro del ramo al menos debía conocer algo
tan básico como que el oligopolio tiene unas reglas de funcionamiento,
estudiadas por algunos economistas y disponibles en las publicaciones
universitarias.
Foto: El jardín vertical de Caixa Fórum de Madrid. Fotógrafo P. Taracena
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