Por Pedro Taracena
El
marco constitucional anuló el marco referencial de la las Leyes Fundamentales del
Movimiento Nacional, pero la democracia albergó en su conjunto legislativo todas las leyes
del franquismo. No hubo ruptura con la dictadura, solamente una suave evolución. Esto
permitió
una transición
aunque no tan modélica como se viene manteniendo, ya que hubo violencia y
muertos al margen de los crímenes de ETA.
La
ilegitimidad del franquismo, así como la impunidad de sus crímenes
fueron saldadas con el pacto constitucional que encubrió el peor
de los acuerdos. La transición que enmudeció la Historia y escandalizó al
mundo, aunque sus protagonistas tengan vocación de exportarla. La Constitución como
texto legal y legítimo no legalizó el franquismo pero tampoco lo ilegalizó y
mucho menos condenó. Esto quiere decir que el franquismo ha quedado impune.
Tampoco se puede considerar su apología como delito porque la Transición hace
compatible la dictadura y la democracia. El llamar a alguien franquista no se
considera un insulto y en muchos casos es un acto de honor. El esperpento nacional está
servido.
Es
curioso cómo
La Casta que hizo la Transición, dio por bueno que el régimen franquista legalmente que
no legítimamente
constituido, se hiciera el haraquiri como forma de suicidio ritual. Practicado
no por razones de honor como los orientales, sino por una orden superior
devolviendo al pueblo aquello que desde el año 36 se le había
usurpado. Ahora los dueños de aquel acuerdo perverso, me refiero a la transición no al
pacto constitucional, no quieren mover un ápice del orden legal consagrado como dogma
de fe inamovible. Rajoy cuando declara que cualquier modificación de la
Constitución
ha de hacerse según las
leyes vigentes, se mofa del pueblo.
Porque mientras él tenga la mayoría absoluta, no revalidada en los últimos
comicios, y muestre nula voluntad de diálogo, no habrá reforma constitucional; escondiendo su
incapacidad bajo la máscara de demócrata, guardián y vigía de la fosilizada Carta Magna. Una parte
del pueblo responde que, sí se puede, y que al menos
tiene derecho a un debate y una consulta. Alguna evidencia delata que la
Constitución
debe de modificarse:
En el
Estado de las Autonomías se ha interpretado la crisis cada cual según su
ideología;
creando desigualdades evidentes en derechos constitucionales: Educación,
Sanidad, Dependencia y Desahucios. Es preciso hacer un debate sobre la
estructura federal del Estado Español. La estructura federal del Estado
corregiría
las desigualdades provocadas por las administraciones autonómicas
y llenaría
de contenido y de funciones al sempiterno inútil Senado, como Cámara
de Representación Territorial. Sin duda las cuestiones históricas de Euskadi y Catalunya tendrían mejor encaje que en la actualidad constitucional. Las
reformas oportunas sobre los herederos dinásticos
y la desmitificación y desacralización de la monarquía,
quizás acallarían las
crecientes voces de reivindicación
republicana. Es posible que el pueblo español
curioso por los eventos históricos,
descubra que el rey Felipe V, predecesor del Felipe VI, es quien protagonizó los hechos que han provocado hasta hoy las
reivindicaciones históricas de los catalanes.
Si el Rey de España no abandona La Casta
como Corte Real y se acerca al pueblo llano, la brecha abierta a favor de la
República irá
creciendo. A Rajoy no le interesa blindar los derechos constitucionales de los
españoles porque lejos de reconocerlos los ha aniquilado. Sin
olvidar que la izquierda ha sido quien ha reconocido muchos de los derechos
albergados en la Constitución,
hasta que la reformó para complacer a la
Troika. La Constitución Española es un texto legal y legítimo
que puede y debe cambiarse. Su actualización
servirá mejor a las generaciones del siglo XXI.
El Rey
puede y debe propiciarlo. La Historia nos muestra cómo Fernando VII, hizo lo contrario. Logró recuperar su poder absoluto después de suprimir la
Constitución de Cádiz La Pepa de 1812. Ni el Partido Popular ni el Rey
pueden arrogarse el derecho de impedir que los españoles debatan y sean consultados, refugiados en que hay
que respetar las leyes. Si los procuradores de las cortes franquistas hubieran
cumplido las leyes de la dictadura, Suarez no hubiera podido llevar a cabo la
Transición. La Constitución
Española, no lo olvidemos, que fue aprobada bajo la fórmula de monarquía
parlamentaria por imposición de
los herederos del franquismo, y aceptada por aquellos que siempre habían sido demócratas
y la asumieron como mal menor. No hay que tener miedo el decir que bajo la
amenaza de una involución golpista de carácter militar. Es decir, para evitar que se repitiera el
episodio del 18 de julio de 1936. No aprovechar la llegada de Felipe VI para
una consulta precedida de un amplio debate nacional, es suicida para el nuevo
monarca. Una clase política donde la perversión y la corrupción,
por acción u omisión, están generalizadas, es estar ciegos o desear estarlo, para no impulsar una iniciativa que traería la reconciliación entre los españoles. De otro modo la inestabilidad está servida...
Fotografías: Pedro Taracena
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