Por Isidoro Gracia Plaza
Exdiputado
En octubre de 2009, a raíz de la decisión de la actual Xunta de la anulación del concurso eólico aprobado por la del bipartido, escribí un artículo que se titulaba: LA SUSPESIÓN DEL CONCURSO EÓLICO, UNA MALA NOTICIA, en él sostenía que, con todos los errores cometidos por la Consellería en manos del BNG, “la mala solución dada al concurso era mucho mejor que la “no solución”, a la que nos llevan las decisiones de la actual XUNTA y el auto judicial (provisional) que paraliza el avance en la ejecución de las inversiones derivadas del concurso”.
También auguraba que la decisión traería numerosas dificultades, y de cierta gravedad, para las iniciativas que se tomaran sobre el parque eólico futuro: me quedé muy corto. La decisión del gobierno de la nación de paralizar indefinidamente la instalación de nueva potencia en energías renovables, ha devenido en un verdadero desastre, para el conjunto España, pero también y muy especialmente para Galicia, a quien se le paralizan las inversiones en unos 2.000 megavatios eólicos, (potencia equivalente a la de dos grandes centrales nucleares) y lo que es peor las inversiones complementarías en proyectos industriales y de desarrollo comprometidas por los nuevos adjudicatarios. Al tiempo que la misma existencia de la industria gallega de fabricación de componentes de generadores se ve seriamente comprometida, en un momento en que la crisis socaba las bases de todo el, no muy potente, sector industrial gallego.
Es el momento de recordar que tal y como indicaba en el artículo de 2009 “solo un 30% de la energía primaria consumida en Galicia procede de un origen autóctono, y que sin embargo existen excedentes de producción en electricidad, además que en esta área los recursos propios son capaces de cubrir “casi” el 100% del consumo interno con fuentes primarias autóctonas, cualquier avance en la implantación de renovables es bueno para Galicia y para el conjunto de España”.
Pero lo que resulta más sorprendente, negativo y catastrófico, es que el sujeto obligado a defender los intereses más próximos de los ciudadanos gallegos, la Xunta, no solo se inhiba en el problema, haciendo caso omiso del cumplimiento sus obligaciones, sino que sea un factor de apoyo a una decisión que va en contra de las propias tomadas en su Consello Oficial y publicadas en el DOGA ( Diario Oficial de Galicia), traicionando, sin ningún tipo de duda, lo que juraron o prometieron ante la Biblia y el Estatuto.
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