El blindaje de la amnistía como freno para la recuperación de la memoria histórica
A propósito del libro de Roldán Jimeno 'Amnistías, perdones y justicia transicional'.
En España, como queda probado por Roldán Jimeno, la transición optó por un olvido que supuso la renuncia jurídica a averiguar la verdad y a adoptar cualquier medida penal contra los autores
El comienzo del mandato de Pedro Sánchez comenzó con buenas vibraciones en relación con la memoria histórica, sobre todo, cuando el Gobierno, acogiendo las recomendaciones de la ONU, decidió exhumar a Franco. Todo quedó en eso, y ni siquiera este propósito tan mediático llegó a buen puerto. Sin embargo, el Gobierno hizo oídos sordos a la recomendación más importante de la ONU: la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, el mecanismo que impide emprender el camino hacia la consecución definitiva de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los crímenes perpetrados por el Estado franquista.
Sobre esta última cuestión gira el libro Amnistías, perdones y justicia transicional: El pacto de silencio español, de Roldán Jimeno (Pamiela, 2018). Esta obra, traducción actualizada de un libro inicialmente publicado en inglés, Spain’s Pact of Forgetting (Routledge, 2018), es un repaso de las amnistías en España y un análisis de cómo estas medidas han condicionado las políticas relacionadas con la memoria histórica o, dicho de otra manera, se analiza cómo se configuró la justicia transicional española y cómo se articularon o, más bien, dejaron de hacerlo, los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes franquistas.
En España, como queda probado por Roldán Jimeno, la transición optó por un olvido que supuso la renuncia jurídica a averiguar la verdad y a adoptar cualquier medida penal contra los autores. No hubo juicios a los responsables de la vulneración los derechos humanos, depuraciones del personal de las instituciones represoras ni comisiones de la verdad. Tampoco existió, en un primer momento, rehabilitación simbólica alguna de los vencidos en la guerra civil y de los represaliados por el franquismo. Se destruyeron, además, determinados fondos archivísticos con los que se borraron responsabilidades.
La amnistía general supuso la impunidad de los crímenes del Estado dictatorial. El modelo español es único desde una perspectiva comparada con otras transiciones a la democracia, pues aquí existió una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional. La fórmula sobre la que se construyó fue la Ley de Amnistía de 1977, que relegó al olvido a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, incluidas las que habían sufrido una represión en los últimos años del franquismo y en la primera fase de la transición, es decir, aquellas que habían venido siendo reprimidas hasta fechas más recientes. El olvido penal fue acompañado por una única actuación en el ámbito de la justicia transicional: la reparación económica, aunque esta fue generalmente tardía, incompleta y de escasa cobertura económica, dirigida inicialmente a los militares y funcionarios republicanos y, más adelante, a los que habían estado en prisión durante la dictadura con motivo de juicios políticos. Poco a poco, durante las dos primeras décadas de la democracia, fue apareciendo una normativa equiparadora en derechos a todas las personas beneficiarias de la amnistía. Pero esas ayudas no pasaron de ser políticas puntuales que en modo alguno levantaron el velo del olvido que impedía cuestionar la herencia franquista.
España marcó su propio camino, alejándose de sus antecedentes más inmediatos, las transiciones de Grecia y Portugal. A diferencia de estos lugares, la transición española apostó por la impunidad de los responsables franquistas de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante prácticamente cuatro décadas. No era, sin embargo, el diseño de justicia transicional que se pretendió desde la oposición al régimen en los años finales de la dictadura. El libro de Roldán Jimeno, prueba que existió un proyecto gestado en los primeros años setenta por la oposición socialista y comunista y que fue impulsado por el laborismo británico para juzgar el franquismo. En 1972 y 1973,los dirigentes laboristas comenzaron a trabajar en un proyecto de juicio al franquismo, todavía circunscrito a las violaciones de los derechos laborales, animados por la repercusión internacional del juicio de Carabanchel que juzgó y sentenció con largas penas de prisión a los dirigentes del sindicato Comisiones Obreras. La idea inicial fue haciéndose cada vez más compleja y, para la primavera de 1974, el proyecto de juicio planteado a través de la justicia universal acabó abarcando también las violaciones de los derechos humanos cometidas por el franquismo a partir de 1945. El juicio, precedido de una comisión de investigación, contó con un nuevo impulso a raíz de la llegada al gobierno británico del Partido Laborista de Harold Wilson. El miedo al posible contagio comunista proveniente de la transición portuguesa motivó un cambio de política por parte de los británicos, alineados con los intereses norteamericanos y alemanes, que contribuyeron a un nuevo modelo de transición española alejado de todo tipo de juicios y comisiones de investigación. La comisión de investigación fracasó en el verano de 1974, pero su mero planteamiento demuestra que la transición española basada en el olvido y la reconciliación no era la única alternativa existente.
La imagen aparentemente idílica transición española comenzó a resquebrajarse con relación a la memoria histórica a principios de los años dos mil. Las sentencias de los juicios impulsados por las víctimas abrieron los ojos de propios y extraños sobre el blindaje que suponía la Ley de Amnistía para los responsables de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura. Se abrió, entonces, una reivindicación, cada vez más creciente, de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y del franquismo, que fueron presionando, a través de vías judiciales, sociales y políticas, para que la Ley de Amnistía no fuese un obstáculo para juzgar los crímenes franquistas, y se pudiese restaurar la verdad y lograr las reparaciones oportunas.
EL GENOCIDIO EN BLANCO Y NEGRO 1936-1975
Editor: Pedro Taracena Gil
