IMPOSTORES POR NO DECIR HOMICIDAS DE LA CONSTITUCIÓN

Por Pedro Taracena

El banquete de la ignominia (Afrenta pública)

 Anguita dice que se está en un "estado de excepción" donde el "poder y el gobierno están fuera de la ley constitutiva". He reflexionado sobre esta afirmación y me he formulado la siguiente cuestión: ¿Quién se cree ahora que España es un Estado de Derecho? Y contemplando la situación de fractura social y de corrupción política: ¿Nos encontramos en una situación previa a un conflicto civil?

La crisis que ya nadie duda quien la ha provocado, es la causante de abocar al pueblo español a un callejón sin salida. La inoperancia de las autoridades europeas y españolas, la perversión del sistema capitalista y la connivencia de las instituciones del Estado con la corrupción generalizada, es un hecho que ni la prensa más tendenciosa es capaz de acallar. Gracias a las Redes Sociales y a los nuevos periodistas francotiradores, estamos conociendo los entresijos de la podredumbre del sistema. El pueblo se ha convertido en un anti sistema porque el sistema se ha alejado de la Constitución. Si hay alguien que se haya homologado con los anti sistemas ha sido el Gobierno y sus lacayos.

La injusticia y el abuso de autoridad han creado desigualdades, invirtiendo la pirámide social. La clase media, base de toda sociedad moderna, se ha desmembrado en nuevos ricos y gente más rica que antes, en más nuevos podres y con mayor pobreza que anterior a la crisis. Colectivos incluidos como pobreza severa condenados a la exclusión social, quedando una clase social escuálida y desesperanzada. No es un cuadro pesimista, surrealista o alarmista. Es una situación de catástrofe nacional censurada. Ocultando la verdad al pueblo. 

Volviendo al párrafo inicial, es verdad que nos encontramos en una situación de pre guerra civil, pero si tomamos como referencia los años previos a los conflictos civiles y las revoluciones del siglo XX, el contenido de los vocablos hoy son diferentes aunque la situación sea igual de grave. Las revueltas y los conflictos estallaban por la lucha de clases, en base a la falta de libertad, la injusticia y la desigualdad. Pero ahora estamos situados en el punto de partida de estas reivindicaciones, después de haber destruido en cuatro años el Estado del Bienestar conseguido en treinta y cinco de democracia.

La desidia del gobierno es grande y la tensión que crea su política títere de Europa es evidente, legítima y justa. Los grupos enfrentados se pertrechan, los unos, en trincheras y barricadas de guante blanco, auténticos fortines ofensivos contra el pueblo. Estos son el Gobierno, los empresarios y la conferencia episcopal que han establecido un frente de lucha contra la sociedad laica. Imponiendo una educación a la medida del Opus Dei, una ley del aborto escrita al dictado de la Iglesia, la privatización de la sanidad pública entregada a multinacionales de la especulación, y han sembrando el desprestigio de los sindicatos, dejando sin contenido el Estatuto de los Trabajadores. Estos tres grupos beligerantes tienen a su favor al Ministerio de Interior, que legisla cada vez de forma más represiva, con la argucia de defender los valores constitucionales y las Instituciones del Estado. 

Contra estos tiranos, otros frentes de guerra se libran en la calle a través de brigadas que copan y ocupan los colores del arco iris. Son los escolares, pensionistas, investigadores, universitarios, dependientes y discapacitados, bomberos y policías, médicos y enfermeras, maestros y profesores, desahuciados y expoliados, en fin, el pueblo víctima de la tiranía del capital, de los caciques y de la Iglesia. La clase política salvo honrosas excepciones en el espectro político de la izquierda, está atrapada por el consenso de la Transición, que ha fosilizado la Constitución y herido de muerte no solamente los Derechos Humanos de 1948, sino el Estado del Bienestar.

Las armas del pueblo son la palabra, el grito y la pancarta, la insumisión y la denuncia en los tribunales. No solamente en tribunales españoles sino que se debe llegar hasta Estrasburgo. Los jueces son los aliados de la sociedad frente al tirano, no en balde “la justicia emana del pueblo”. Las posturas están radicalizadas, los obispos y los curas están arengando para que el nacionalcatolicismo se afiance en la legislación española. El capital está masacrando al pueblo. Y la política de recortes del Gobierno está cometiendo crímenes contra la población: Hambre, Mentira, Represión y Muerte. Este Gobierno consumará su mandato como el más antipatriótico y embustero. En esta guerra que el pueblo está librando contra la tiranía, no se utiliza material bélico, pero también se cometen crímenes en tiempos de paz; sembrando la injusticia y la corrupción; creciendo las enfermedades por carencia de asistencia sanitaria, precipitando la muerte cuando se cercena la asistencia médica. Sin olvidar el hambre infantil y los suicidios producidos por los desahucios, mientras se rescata el latrocinio a los bancos con dinero público. Los años 2014 y 2015 serán también penosos para los españoles, pero, es imposible que un pueblo batido hasta la extenuación vuelva a elegir a un Gobierno de esta calaña…