Residencias de mayores
La comisión ciudadana concluye que se
vulneraron derechos en las residencias de Madrid durante la pandemia
La comisión por la verdad en las residencias
afirma que se produjo “una sobremortalidad” en estos centros “que pudo y debió
haberse evitado”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, en el pleno de la Asamblea. (Foto: Comunidad de Madrid)
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- E.B.
- Marzo 15, 2024
- 12:26 Pm
La Comisión
Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid
durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por
las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la
respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “fue inadecuada” y
se “vulneraron derechos fundamentales” de los residentes y sus familias.
Según consta en el informe sobre
lo ocurrido en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, en este
periodo se produjo “una sobremortalidad” en estos centros “que pudo y
debió haberse evitado”.
Entre el decálogo de conclusiones
del informe, que se ha presentado este viernes en el Ateneo de Madrid, se
incluye también que “los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes”
cuando se declaró la pandemia, situación que desde entonces “no se ha corregido”.
En este informe, presentado tras
tres meses de estudios y 25 testimonios recogidos, se apunta que la
comunicación entre residencias y familiares, así como la información a los
familiares, “fue inadecuada” y se sentencia que la Comunidad de Madrid “no
medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020”.
“El Gobierno de la Comunidad de
Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes
desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios
por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como
carecer de seguro privado”, subraya el informe en sus conclusiones, donde
también remarca que la Administración regional “no utilizó los medios
alternativos existentes” para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las
residencias “ni derivó a pacientes a hospitales privados”.
Para esta Comisión, recoge Europa
Press, “el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores
que vivían en las residencias” fue consecuencia de “unas decisiones
planificadas y conscientes de discriminación en la atención”, por lo que
sentencia que “se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de
las personas residentes y sus familiares”.
“No se ha investigado debidamente lo que ocurrió”
También se ha vulnerado, sostiene
el informe, “el derecho a la verdad”, pues considera que “no se ha investigado
debidamente lo que ocurrió” y “no se han establecido ni responsabilidades ni
reparaciones justas”.
El encargado de presentar el
informe ha sido el presidente de la Comisión Ciudadana, el magistrado emérito
del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien ha remarcado
que “no se trata de una invasión de tareas que corresponden a los políticos”,
pero dado que las comisiones de investigación “se frustraron”, acciones como
éstas, que emanan de la ciudadanía, ha subrayado, “fortalecen la calidad democrática”.
Especialmente crítico se ha
mostrado con el papel de la Fiscalía a la hora de investigar lo ocurrido o
participar en los procesos judiciales en marcha, una actitud que ha tachado de
“conformista” y que por su pasado profesional en el Ministerio Fiscal le “duele
doblemente”. “En algunos casos ni acudían a las declaraciones”, ha lamentado
Martín Pallín.
Reabrir la comisión de investigación en la Asamblea
Entre las recomendaciones que
señala este informe está precisamente la búsqueda “de la verdad” y el “deber de
no olvidar”, algo que pasa, señalan, porque tanto el Gobierno de la Comunidad
como la Asamblea de Madrid “reabran la comisión de investigación sobre la
pandemia”.
A esto se suma, en relación a lo
dicho por el presidente de esta Comisión Ciudadana, que la Fiscalía “complete
una investigación eficaz y diligente”, continúa la citada agencia.
Además, reclama un “cambio
radical” en el planteamiento del modelo de cuidados, algo que conlleva, explica
el informe, una dimensión económica, sociocultural –que pasa por una mayor
visibilización de los mayores o personas con discapacidad “como sujetos de
pleno derecho”, sanitaria, jurídica –con una “puesta al día de la normativa”– y
política.
Por último, se pide “mejorar la dotación del sistema sanitario público\» y “visibilizar y luchar contra el edadismo”.
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